Las negociaciones de los órganos subsidiarios en Bonn, que se desarrollaron entre el 8 y 18 de junio, evidenciaron que la denominada "era de la implementación" corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de dilación tecnocrática promovido por los países desarrollados. Para el Sur, y particularmente para América Latina y el Caribe, este espacio representó un termómetro político crucial de cara a la COP31. La sociedad civil denunció firmemente la tendencia del Norte Global a fragmentar las discusiones institucionales y postergar las decisiones más urgentes mediante talleres procedimentales que evaden compromisos vinculantes de financiamiento e integridad territorial.
En el eje de la transición justa, los debates se concentraron en el futuro del programa de trabajo, el diálogo sobre agricultura y habilitar el camino para estructurar las funciones y modalidades del Mecanismo de Belém-Antalya (BAM). Aunque las sesiones de Bonn permitieron avanzar hacia un texto informal, las discusiones se estancaron en la revisión de términos procedimentales en lugar de abordar los temas fundamentales. La perspectiva crítica de la región señala que el mecanismo actual carece de garras institucionales y de salvaguardas claras en materia de derechos humanos. Existe una profunda alarma de que la fiebre global por los minerales, el gas y los mercados de carbono termine perpetuando lógicas coloniales de extractivismo verde si no se blinda la gobernanza del BAM frente al cabildeo de las corporaciones fósiles y el capital privado.
Por otro lado, la agenda de adaptación se mantuvo bajo un delicado equilibrio metodológico que amenaza la supervivencia en el territorio. Las delegaciones del Norte Global intentaron encasillar la Meta Global de Adaptación (GGA) y la Hoja de Ruta de Bakú (BAR) en una discusión estrictamente aritmética sobre métricas e indicadores de cumplimiento nacionales, ignorando la provisión de recursos públicos obligatorios y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La sociedad civil alertó que el paquete de indicadores del Objetivo Global de Adaptación fracasará en las comunidades si continúa disociado de medios de implementación previsibles, basados en donaciones y libres de deudas coloniales ilegítimas.
De cara a la COP31, las proyecciones sugieren un escenario de alta polarización política. El bloque del G77+China y las redes de justicia climática enfocarán sus estrategias en forzar resoluciones drásticas que obliguen al Norte Global a triplicar el financiamiento público para la adaptación y a establecer un mandato definitivo para la eliminación progresiva, equitativa y ordenada de los combustibles fósiles sin perder de vista una transición de todos los sectores con enfoque de justicia.